En la República Dominicana la corrupción dejó hace tiempo de ser un problema para convertirse en método de gobierno. No se combate ni se oculta: se gestiona.
Ha hecho metástasis en las instituciones que sostienen el poder político y funciona como una eficaz palanca para acelerar.
El Ministerio Público ha señalado que una estructura criminal en Senasa habría desfalcado RD$15,000 millones mediante sobornos y pagos irregulares, según la solicitud de medidas de coerción contra los imputados.
El fraude en Senasa es, sin dudas, un crimen de lesa humanidad, cometido sin escrúpulos, agravando las crisis política, social y económica; todo con admirable coherencia histórica en ese mundo del cohecho.
El acelerado y largo deterioro institucional no es fruto del azar; es una obra nacional, cuidadosamente diseñada por una “clase política” que habla de moral como recurso retórico y la abandona apenas asume funciones.
La glamurosa corrupción de Estado lubrica complicidades y asegura que nada opere sin el mafioso peaje correspondiente. Desde los estratos más bajos hasta las cumbres del poder, así funciona esta seudo democracia.
Este sistema político en crisis es cada vez más parecido a una dictadura institucional con elecciones ornamentales, que exhibe una lógica interna impecable: todo se compra, todo se negocia, todo se perdona.
El saqueo de los recursos públicos no sólo enriquece a una cúpula económica y política; también financia la compra de conciencias, el envilecimiento social y la construcción mediática de realidades paralelas.
Si el gobierno persiste en su sordera estructural, la crisis se profundizará. Las protestas populares son un plebiscito callejero contra la mafia política y económica oficialista. El robo duele, pero la burla incendia.
