Representantes de CNDH-RD) y INSAPROMA en la PGR.
La Comisión Dominicana de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) informaron que han recibido cientos de poderes legales otorgados por trabajadores y ciudadanos afectados por las irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), con el objetivo de constituirse en querellantes.
Según explicaron ambas organizaciones, las acciones legales estarán dirigidas contra funcionarios y otros actores vinculados a la administración de Senasa, a quienes señalan como responsables de una gestión que habría vulnerado derechos fundamentales de miles de afiliados al sistema nacional de salud.
Las querellas se sustentan en múltiples irregularidades que, de acuerdo con la documentación recopilada, se han venido manifestando de manera reiterada en el acceso a servicios esenciales, entre ellos la emisión de recetas médicas, internamientos hospitalarios, cobertura de tratamientos y otros beneficios contemplados en el seguro de salud, los cuales habrían sido negados por funcionarios, farmacias y clínicas.
CNDH-RD e Insaproma reciben poderes legales de afectados por irregularidades en Senasa
La CNDH-RD e Insaproma aseguraron que, como consecuencia de los niveles de corrupción denunciados, numerosos afiliados no recibieron los servicios a los que legalmente tenían derecho, situación que habría provocado un grave daño a la salud física y emocional de los afectados, así como una violación a su dignidad humana y a la vida misma.
Asimismo, indicaron que entre las personas perjudicadas se encuentran pacientes con condiciones médicas delicadas, adultos mayores, mujeres embarazadas y ciudadanos en situación de vulnerabilidad, quienes dependían directamente de la cobertura de Senasa para recibir atención médica oportuna.
Por estas razones, la CNDH-RD e Insaproma anunciaron que, además de las acciones penales correspondientes, procederán a reclamar una indemnización y reparación económica en nombre de las víctimas, por los daños ocasionados como resultado de la mala gestión y el presunto uso indebido de los recursos públicos en Senasa.
