Si el proyecto del Código Penal ha esperado más de 20 años para entrar en vigencia, parece que todavía en caso de ser aprobado por la Cámara de Diputados tendrá que seguir esperando.

La prescripción de la corrupción, que el Senado limitó a 20 años, se presenta como el pretexto ideal para que el presidente Luis Abinader devuelva la pieza a la Cámara Baja.

Sin hablar de la exclusión de las tres causales, que sería otra de las razones por las cuales Abinader, que ya declaró que las compartía.

Aunque la exclusión del aborto ha generado confrontaciones, tal parece que la prescripción de la corrupción fue una estrategia para facilitar que la controversial pieza sea devuelta por el Ejecutivo.

Es inconcebible, incluso, que con una ley de extinción de dominio los senadores hayan aprobado poner fecha de vencimiento al enriquecimiento ilícito, lavado de activos, dilapidación de los recursos públicos y otras prácticas que han sido tan condenadas por la población.

La prescripción es como si se hablara de borrón y cuenta nueva. Existían dudas de si Abinader promulgaría el proyecto, en caso de convertirse en ley, pero ahora no existe ninguna duda de que lo rechazará. Motivos de sobra le han dado los congresistas para capitalizar las incongruencias en que han incurrido en una época en que la corrupción constituye el mayor estigma para la clase política.