SANTIAGO.- La juez Kathia Núñez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Vega, dictó ayer tres meses de prisión preventiva contra un empresario de esa ciudad, tras variar la acusación del Ministerio Público de narcotráfico y lavado de activos, por la de evasión fiscal.
El imputado es Miguel Arturo López Florencio, mientras que a sus hijos José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte, así como a su cuñada Ada María Pilarte, les impuso un millón de pesos en efectivo, la colocación de un grillete electrónico e impedimento de salida del país y presentación periódico ante la Fiscalía vegana.
En tanto que a su empleado José Antonio Román, la magistrada dictaminó una garantía económica por 10 mil pesos en efectivo e impedimento de salida al exterior y no acogió la solicitud de declaratoria de complejidad del proceso.
De inmediato, tanto el Ministerio Público como el defensor técnico de los inculpados, Amado Gómez, anunciaron de inmediato que apelarán la sentencia, por diferentes motivos.
El grupo fue detenido la mañana del 29 de junio pasado, en el transcurso de allanamientos realizados en La Vega, bajo la acusación de ser partes de una red de narcotraficantes y lavado de activos, por más de 7 mil millones de pesos.
El Ministerio Público dijo que la juez Núñez varió la acusación contra el grupo pese a que ese organismo presentó “suficientes evidencias que establecen su vinculación a esa actividad criminal”, por lo que pidió 18 meses de prisión preventiva contra cada uno de los imputados y la declaratoria de complejidad del caso.
Al manifestar su inconformidad con la decisión, el órgano de justicia dijo que el tribunal no valoró adecuadamente las vinculaciones de los imputados al narcotráfico.
Aseguró en ese orden que las evidencias presentadas ante el tribunal “establecen claramente que se trata de un caso de criminalidad organizada por la pluralidad de imputados”.
Entiende el Ministerio Público que ese escenario de acusación “requiere de un plazo más amplio para investigar un complicado entramado societario utilizado para el blanqueo de capitales”.
La institución del sistema de justicia enfatizó en que la decisión no está acorde con la ley, por lo que dijo una vez le sea notificada la misma, procederá a apelarla, ya que cuenta con suficientes evidencias que establecen la vinculación del grupo a actividades del crimen organizado.
Dijo que esas evidencias “constituyen una violación a la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley 11-92”.
