Al procurador general se le atribuye decir que el narcotráfico permea a la Policía, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y hasta soborna a jueces y fiscales, contundente denuncia que serviría de base a lo denunciado por el presidente de Hogares Crea, de que República Dominicana se ha convertido en un centro de acopio con laboratorio para la producción de sustancias narcóticas.

El doctor Francisco Domínguez Brito ha insistido en señalar que jueces disponen de libertad de nativos y extranjeros contra quienes el Ministerio Público ha presentado pruebas contundentes sobre narcotráfico, situación que cree podría estar vinculada con el soborno. No se entiende por qué la sociedad no se espanta con una denuncia de esa envergadura.

Como para despejar todo tipo de dudas en torno a su afirmación, el funcionario dijo que el micro y el mediano tráficos generan forma de corrupción que involucraría a la DNCD y a la Policía y advirtió también que el narco permea a fiscales, lo que quiere decir que hace tiempo que las instituciones encargadas de prevenir y perseguir ese flagelo han sido aguijoneadas por el dinero sucio de las drogas.

Leopoldo Díaz, presidente de Hogares Crea, ha alertado sobre lo que define como innombrable cantidad de militares y policías confabulados con el narcotráfico, además de sectores que apadrinan el lavado de dinero por vía de casinos, bancas de apuestas, comercio de vehículos y de inmuebles. Denuncia tan grave y seria como la del soborno expuesto por el procurador general.

Es por eso que Díaz sostiene que la lucha contra el narco ha retrocedido en las últimas décadas, lo que ha convertido al país en un gran mercado de expendio y consumo de estupefacientes y un centro de acopio dotado de laboratorios para la producción de cocaína y otras sustancias controlables.

El procurador Domínguez Brito se ha referido al tema de la permisibilidad judicial frente al narco en varias oportunidades y ha definido como altamente preocupante las órdenes de libertad concedidas por una corte penal en favor de dos colombianos sindicados como jefes de una banda de narcotraficantes. Desde tiempos inmemoriales, Leopoldo Díaz se ha referido , a la indiferencia gubernamental y complicidad de policías y militares ante ese flagelo.

Llama la atención -se repite- que autoridades aludidas por la denuncia del procurador general sobre sobornos a jueces y fiscales por parte del narcotráfico no se lleven las manos a la cabeza y reclamen que el Ministerio Público señale a los servidores judiciales y del propio entorno de las fiscalías que recibirían dinero proveniente del crimen organizado.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, debería disponer de una profunda investigación para determinar la veracidad y alcance de la denuncia del procurador Domínguez Brito, porque ahora el lodo se desparrama por todo el entramado judicial.