Roberto Santana, quien denunció que en la cárcel La Victoria opera un entramado de corrupción donde una persona recibe siete millones de pesos a la semana, es asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, calidades que deben merecer la atención del Ministerio Público.
Pero si no fuera el caso de un asesor presidencial, sino el de un simple ciudadano que formule tan grave testimonio, la Procuraduría General estaría compelida a movilizar la acción pública, porque se refiere a un área bajo su control y dirección y porque así lo dispone el Código Procesal Penal.
En referencia a lo dicho por Santana, la procuradora general, Miriam Germán Brito, se limitó a decir que “la persona que hizo la denuncia sabrá cómo procede”, a pesar de que el denunciante retó a que lo sometan a la justicia para demostrar la veracidad de su afirmación.
El asesor presidencial responsabilizó al Gobierno y a personal técnico de la Procuraduría porque el complejo carcelario Las Parras, levantado en la comunidad de Guerra, aun no esté funcionando pese a que asegura dispone de edificaciones totalmente concluidas.
La magistrada Germán Brito se refirió en una primera oportunidad a la imputación de Santana, al señalar que esa cárcel estaría en funcionamiento cuando el Estado concluya su readecuación, además de advertir que el Ministerio Público investiga una posible sobrevaluación de la obra.
Tales juicios de valor confrontados entre un funcionario del Gobierno y la titular de la Procuraduría General ayudan a esclarecer aspectos importantes sobre la nueva cárcel y la necesidad de poner fin al hacinamiento de más de ocho mil reclusos en el recinto La Victoria.
Lo que no resulta claro es que el Ministerio Público, caracterizado por su resuelta decisión de combatir la corrupción sin importar banderías políticas, religiosas o corporativas, no actúe aun sea de oficio ante la denuncia de un entramado corrupto en la principal cárcel del país.
El asesor del Poder Ejecutivo debería saber cómo procede ante su afirmación de que en la cárcel La Victoria opera un entramado de corrupción, pero también debe decirse que por mandato jurídico y ético, el Ministerio Público está obligado a investigar esa grave denuncia.
