La igualdad de oportunidades en la competencia electoral es esencial para la integridad de los procesos democráticos, por lo que, en ninguna circunstancia, la voluntad popular debe estar subordinada al poder del dinero. Por tanto, al margen de que el derecho al voto esté garantizado, es indispensable que los partidos, movimientos y candidaturas compitan bajo condiciones razonablemente equitativas.

En ese sentido, el artículo 216 de la Constitución Política establece entre los fines esenciales de los partidos políticos “contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular”. Igualmente, la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, dispone el establecimiento de reglas claras sobre el financiamiento político, con el objetivo de preservar la equidad y la transparencia del sistema electoral.

Como bien sostiene Óscar Sánchez Muñoz en su obra La igualdad de oportunidades en la competencia electoral, la democracia se debilita cuando las desigualdades económicas se trasladan sin control al terreno de la competencia política. Sin duda, el financiamiento lícito, regulado y fiscalizado, es una herramienta legítima para fortalecer la equidad electoral. En particular, el financiamiento público, incorporado al sistema dominicano como una política de Estado, responde a la convicción de que los partidos no deben depender exclusivamente de aportes privados, muchas veces vinculados a intereses sectoriales.

A propósito de esto, el politólogo Daniel Zovatto, entre otros autores, ha subrayado que el financiamiento público no busca uniformar la competencia, sino garantizar un umbral mínimo de igualdad que permita que las propuestas políticas se enfrenten en el plano de las ideas y no en el de los recursos disponibles.

Debe ser considerado el hecho de que el equilibrio se rompe cuando los fondos ilícitos entran al escenario de la competición electoral. El uso de recursos de origen ilegal, no declarados o utilizados al margen de los límites establecidos por la ley, representa una de las amenazas más graves a la integridad del sistema electoral. Estos fondos no solo generan ventajas indebidas, sino que colocan a los actores que cumplen la ley en una situación de desventaja estructural.

La experiencia comparada, analizada por autoras como Pippa Norris, demuestra que el dinero ilícito en la política erosiona la confianza ciudadana y debilita la legitimidad de los resultados electorales. En el caso dominicano, este fenómeno reviste especial gravedad, dada la necesidad de fortalecer la credibilidad de las instituciones y consolidar los avances democráticos alcanzados en las últimas décadas.

Cabe destacar que, como advierte Luigi Ferrajoli, sin controles efectivos sobre el financiamiento político, el principio de igualdad se convierte en una mera proclamación formal.

Por ello, la equidad electoral exige no solo normas adecuadas, sino también mecanismos reales de fiscalización, auditoría y sanción, cuya responsabilidad recae en la Junta Central Electoral, que debe desempeñar un rol activo y riguroso en la supervisión del origen y uso de los recursos partidarios.

Finalmente, se debe tomar en cuenta que proteger el financiamiento lícito y combatir sin ambigüedades los fondos ilícitos es una condición indispensable para que la democracia dominicana siga siendo un espacio de representación auténtica, pluralismo real y decisiones libres de influencias derivadas del dinero.