La condena a seis años de prisión por corrupción de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, recoge por primera vez dos aspectos importantes del panorama político en América Latina.

Por un lado se ha quebrado la impunidad de que gozaban quienes ejercían el poder y por el otro una justicia cada vez más independiente y comprometida con el sistema democrático.

La condena, aunque la expresidenta no sea encerrada, constituye un aviso, sin importar los alegatos de que se rodee, contra la corrupción que ha lastrado el bienestar y la prosperidad en estos países.

Toda la clase política debe verse reflejada en la sentencia que condenó a Cristina por supuestas irregularidades en la concesión de obras viales durante sus gobiernos de 2003 a 2015.

Con todo y que sea la política más influyente de Argentina la justicia no titubeó a la hora de su veredicto en el largo proceso.