Managua, (EFE).- La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) condenó el cierre de 57 organizaciones feministas en Nicaragua, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde 2018.

“Una vez más, condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega, contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses”, subrayó IM-Defensoras, en un pronunciamiento.

Un total de nueve organizaciones feministas fueron canceladas ayer jueves por la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el sandinismo, a solicitud del Ejecutivo, junto con otras 96 ONG que perdieron su legalidad en la misma acción.

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El Gobierno y el Legislativo nicaragüense cancelaron las personalidades jurídicas de las ONG con el argumento de que violaban las leyes de Nicaragua, entre ellas el no registrarse como “agentes extranjeros”, por percibir ingresos del exterior, o no entregar la documentación requerida por el Estado.

“La cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma”, resaltó IM-Defensoras.

Desde el levantamiento popular contra Ortega en 2018, las autoridades nicaragüenses han dejado en la ilegalidad a 440 organizaciones civiles sin fines de lucro.

La organización internacional feminista recordó que “la cancelación de las organizaciones viene acompañada del desmantelamiento de sus oficinas, el requisamiento de sus bienes y, en algunos casos, de la criminalización, el hostigamiento y otros ataques en contra de sus integrantes”.

En el caso de las organizaciones feministas canceladas, la mayoría se dedicaba a defender los derechos de las mujeres, tanto en sus vidas privadas como en sus centros laborales, promover sus iniciativas, mejorar sus negocios, cuidar su salud, adaptarlas mejor a sus entornos, dotarlas de un ambiente saludable, o darles capacidad de resiliencia.

La organización llamó “a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas organizaciones, tomar consciencia de la gravedad de la situación que viven quienes defienden derechos humanos en Nicaragua”.

Según IM-Defensoras, sin las ONG las mujeres de Nicaragua quedan “en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales”.

“Esto en un país donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021; donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual”, indicó la organización.

“Donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad, y donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada desde 2006, tras el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica”, agregó.

La cancelación de ONG es el más reciente episodio de una crisis que inició hace cuatro años, y que cobró la vida de al menos 355 nicaragüenses en las manifestaciones antigubernamentales de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).