La remoción de fiscales promovida por la Procuraduría General de la República a través de un cuestionado proceso ha retornado a la palestra después de ser duramente criticado por Estados Unidos. En un informe sobre República Dominicana, el Departamento de Estado dijo que se había desmantelado una estructura que había logrado importantes avances en la lucha contra el tráfico de personas y el lavado de activos procedentes de actividades ilícitas. El informe de Washington y la coyuntura política han influido para que entidades como Participación Ciudadana, que desde un principio objetó los concursos defendidos por el procurador Jean Alain Rodríguez, impugnen el proceso ante el Tribunal Superior Administrativo. De manera voluntaria el movimiento cívico se adhirió al recurso interpuesto en febrero por varios fiscales en demanda de la nulidad del concurso interno CIT-01-2020 del Ministerio Público. A través del procedimiento se escogerían los titulares de procuradurías de cortes regionales, procuradurías especializadas, fiscalías y abogados del Estado. Participación Ciudadana estimó que el concurso debe anularse porque violaría principios fundamentales que rigen la Administración Pública y es contrario a la Constitución y a la ley orgánica del Ministerio Público. En un escenario diferente el TSA, que se ha caracterizado por la emisión de sentencias equilibradas, tendrá que pronunciarse sobre un proceso al que desde un principio se han atribuido más intereses políticos que jurídicos o institucionales.
