Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que reconoce y autoriza el pago de deudas por obras públicas ejecutadas desde 1996, una iniciativa del senador Franklin Romero que permitirá al Estado dominicano saldar compromisos pendientes con contratistas por más de RD$2,000 millones .

La legislación faculta de manera excepcional y restrictiva a las instituciones de la administración pública a excluir los procesos de selección establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, con el propósito de regularizar trabajos realizados sin contratos o adendas formales y convertir esos saldos en deuda pública interna.

El reconocimiento abarca obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la Comisión Permanente de Auditoría de Obras Públicas (CPADP), la Junta Central Electoral (JCE), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).

En los casos de la OISOE y el INVI, las obligaciones serán asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) , una vez agotados los procesos de validación establecidos en la ley.

Oposición cuestiona el alcance del proyecto

Desde la oposición, el diputado Rafael Castillo , de la Fuerza del Pueblo, cuestionó que numerosas obras cuidaban de contratos formales y advirtió que el proyecto no especificaba fechas de ejecución, montos individuales ni el total definitivo a pagar, lo que calificó como una debilidad sustancial.

En la misma línea, el diputado del PLD Danilo Díaz sostuvo que el problema no radica en saldar las deudas, sino en la falta de tiempo para un análisis exhaustivo.

Indicó que el monto del proyecto pasó de RD$300 millones a casi RD$2,000 millones sin una evaluación detallada.

«Lo razonable era pedir tiempo para estudiar el proyecto. Después de tantos años, esperar 40 días más no era un problema. Esto es absolutamente injustificable», afirmó.