La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desatado los demonios en México, generando protestas multitudinarias y, de paso, la primera gran crisis social para el Gobierno.

El domingo decenas de miles de manifestantes se manifestaron contra la reforma, todavía no promulgada, que contempla la reducción de los salarios a los funcionarios electorales y el financiamiento de los partidos, así como la flexibilización de las sanciones por la no rendición de cuentas.

Distintos sectores han calificado la reforma como una amenaza para el sistema democrático, en tanto grupos políticos avanzan en un movimiento para enfrentar al candidato de Morena (partido en el poder) en las próximas elecciones. López Obrador ha defendido su iniciativa.

Alega que las críticas son elitistas e insiste en que el Instituto Electoral gasta demasiado dinero, del cual una buena parte debe invertirse en los pobres. La oposición dice que con los cambios en las leyes electorales el Gobierno persigue, como en el pasado, controlar las elecciones.

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En las manifestaciones contra la reforma que López Obrador está decidido a ejecutar han salido a relucir las relaciones del mandatario con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero también las reservas de Estados Unidos.

Pese a las protestas las encuestas señalan al partido de López Obrador como amplio favorito para imponerse en los comicios venideros.