Suceso en Los Alcarrizos.
La caída de reales o presuntos delincuentes en supuestos intercambios de disparos ha vuelto a colocar sobre el tapete los métodos de la Policía para garantizar el orden público.
El descrédito de la institución pone una nota de duda a sus acciones, toda vez que se sospecha que sus agentes actúan contra las bandas delictivas para evitar delaciones de algunos de los integrantes.
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A pesar de la sospecha distintos sectores comparten el cuestionado método de “darle pa’ bajo” a los delincuentes. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que en medio de un proceso de reforma las “ejecuciones” o intercambios deben quedar como un asunto del pasado.
Las muertes en supuestos intercambios también han sido utilizadas por sectores políticos para cargar contra la alegada incapacidad del Gobierno para garantizar el orden público y seguridad ciudadana.
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Pero tampoco han faltado detonantes como el de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) de que las bandas de delincuentes operan con la complicidad de sectores de poder.
Como para que cada quien saque sus conclusiones el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que “tenemos una situación donde la violencia se ha desbordado y grupos organizados están tomando los espacios, cosa que este país no puede permitir”.
Las ejecuciones son condenables, pero la seguridad tiene que garantizarse.
