El colapso del sistema judicial del que ha dado cuenta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, tiene con el elevado número de presos preventivos un elevadísimo costo para el erario.

Según el director de Prisiones, Roberto Santana, cada recluso tiene un costo diario para el Estado de 1,400 pesos. Sin entrar en discusión sobre el monto expuesto por el funcionario, el caso es que las prisiones preventivas, que por aquí han dejado de ser el último recurso, se han convertido en un verdadero problema para el sistema judicial.

Aunque las cárceles están sobresaturadas, el Ministerio Público utiliza la medida de coerción como el recurso más a la mano para garantizar la celebración de juicios. La presunción de inocencia ni la llamada tutela judicial cuentan frente a la rutina con que el Ministerio Público gestiona enviar a la cárcel a cualquier persona, aunque la libertad no represente riesgo alguno para la celebración del juicio.

Puedes leer: La indiferencia ante denuncia de Luis Henry Molina sobre colapso del sistema judicial

La declaración del director de Prisiones, el colapso expuesto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y las reiteradas críticas al sistema deben representar un toque de atención para las autoridades enfrentar el drama carcelario.