La solución judicial de la tragedia del Jet Set nunca dejará satisfechas a las víctimas directas e indirectas, familiares de los 236 fallecidos y de los más de 180 lesionados. La muerte es irreparable e irreversible, y por más intento de resarcimiento económico, no tiene precio ni hay salida feliz ante lo definitivo.

Este caso es único en la historia dominicana. En la legislación positiva no hay castigo condigno a la magnitud del suceso y del daño material, humano y social provocado, no está previsto en ningún texto legal, no tiene precedente judicial y ni el nuevo Código Penal, vigente a partir de agosto, lo contempla. La legislación vigente al momento de la tragedia, 8 de abril de 2026, es el Código Penal, adoptado de Francia en 1884 con penas máximas de cinco años para el homicidio involuntario, como lo ha tipificado en principio el Ministerio Público, que pueda y debe se cambiado por los jueces en el juicio de fondo.

La decisión final a la que puedan llegar los tribunales será insatisfactoria porque se trata de un hecho no ocurrido al azar, tiene origen, provocado por factores a determinar que implicarían negligencia, imprevisión, omisión y hasta dolo, por parte de la persona jurídica responsable y su, no sus, representante.

Ante la altísima gravedad del suceso y la ausencia de especificidad legal para afrontarlo como espera la sociedad, se requiere de creatividad de actores del sistema, fiscales y jueces, para generar decisiones históricas, sin precedentes y jurisprudenciales, sin apartarse del debido proceso y garantías procesales.

En la tragedia del Jet Set no hay un solo responsable, la firma comercial propietaria, sino que entes gubernamentales como el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el ministerio de Obras Públicas, deben ser puestos en causa por su negligencia e irresponsabilidad, al omitir actos preventivos que le corresponden.

La Procuradora General usó el término “alta lesividad social” causada por esta tragedia, concepto que debería ampliar para desarrollarlo como ejemplo.