El Gobierno en nuestro país, al igual que en otros tantos, está integrado por instituciones con características diferentes, y roles distintos.
El éxito de la gestión gubernamental está íntimamente relacionado con el nivel de confianza que le merezca a la población el accionar y los informes provenientes de cada institución. Siendo así, es responsabilidad del incumbente del Poder Ejecutivo, léase (presidente de la República), desvincular y/o someter a la acción de la justicia (si las circunstancias lo ameritan) al o los funcionarios de instituciones que defrauden la confianza del pueblo a través de la ejecución deficiente y/o antiética; así como, mediante una información engañosa. Lo mismo le corresponde al Congreso Nacional, cuando se trate de incumbentes en instituciones extrapoder. Tales como: (Cámara de Cuentas, Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral, Banco Central y Defensor del Pueblo, entre otras).
Si el pueblo percibe que el sistema judicial sea lento e ineficaz, en lo relacionado a sancionar los hechos de corrupción, la credibilidad en el accionar de las instituciones languidece, y se genera un ambiente de desconfianza que impacta de manera muy negativa el desempeño de la vida nacional.
Las estrategias para recuperar la credibilidad consisten en: Admitir el error sin excusas, explicar con claridad que se hará diferente, cumplir rigurosamente las nuevas promesas, y mantener un comportamiento ético consistente. La recuperación no depende solo de lo que se dice, sino de lo que se demuestra.
La credibilidad es un capital social que se invierte, se acumula y se gasta. No es un atributo que se posee por derecho, sino un reconocimiento que otros otorgan. Construir credibilidad requiere tiempo; perderla puede tomar segundos. Por eso, quienes comprenden su valor la protegen con acciones, no con discursos.
En ultima instancia, la credibilidad es la base sobre la cual se construyen relaciones sólidas, liderazgos auténticos y sociedades mas confiables.
