El testigo principal del Ministerio Público que desveló la trama de corrupción por la que se articuló la Operación Coral es poseedor de una cuantiosa fortuna, según se aprecia en los interrogatorios de solicitud de medida de coerción que se ventila en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional y que continuará esta tarde a la 1:00.

Se trata del mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez, con quien al parecer el Ministerio Público trata de llegar a algún tipo de acuerdo, en virtud de que todavía no le ha solicitado medida coertiva, aunque figura en la resolución de medida de coerción.

En el interrogatorio que le hizo el Ministerio Público se le preguntó “¿Cuántos inmuebles usted tiene producto de sus actividades ilícitas?”, y respondió que posee una casa en Colina del Oeste, Santo Domingo Norte; un lujoso apartamento en Torre Karla Michel VII y un apartamento en la Torre Yuri IV en Alma Rosa I.

También, un apartamento en el Residencial Merlot VI en Alma Rosa I, un lujoso apartamento en el DM28 Residences en el ensanche Piantini, un solar en Samaná, una yipeta Ford Explorer 2016, valorada en 18 mil dólares; un jeep Gran Cherokee, valorado en 25 mil dólares y un Tesla 2020, valorado en cuatro millones de pesos y un certificado financiero de nueve millones de pesos en el Banco Popular.

Girón iménez figura en la solicitud de medida de coerción que hizo el Ministerio Público, pero hasta la fecha no le han pedido ningún tipo de medida coercitiva, lo que hace suponer que podrían estar arribando a algún tipo de acuerdo.

El Ministerio Público procedió ayer miércoles con la lectura de la solicitud de medida de coerción contra el mayor general Adan Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros cuatro involucrados en el Caso Coral, calificado como un entramado de “corrupción en las entrañas del poder”.

Además del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, en el expediente de la Operación Coral figura el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada pastora. También el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Al grupo se le solicitó 18 meses de prisión como medida de coerción y que el caso sea declarado complejo.