Crisis de confianza



Es posible que en ningún otro país exista una estructura tan gigantesca ni que reciba tantos recursos para organizar unas votaciones como la Junta Central Electoral (JCE). En casi todas las naciones donde se ejerce el sufragio como instrumento de la lucha por el poder los procesos son organizados por instituciones públicas o por entidades que se crean con ese propósito sin despertar, como ocurre en República Dominicana, mayores sospechas de fraude. Las excepciones que pueden citarse son solo para confirmar las reglas.

Sin incluir la asignación a los partidos políticos, la JCE solicitó para este año un presupuesto de 16,549,633,709.83 pesos, de los cuales 8,377,508,998.43 serían destinados para organizar las elecciones. Porque resulta y viene a ser que al cabo de tantos años de vida democrática todavía al dominicano, a diferencia de otros lugares donde el ejercicio es tan simplificado, hay que orientarlo sobre los procesos de votación, y más ahora que se incluyen nuevas modalidades, además de comprar equipos modernos, preparar el personal que trabajará en las mesas y la logística propia de los certámenes.

Pero por aquí también existe un Tribunal Superior Electoral, con una estructura propia, y que al menos en 2019 recibió un presupuesto de 1,140 millones de pesos para dilucidar conflictos que en cualquier otro país los conocen cortes o jueces ordinarios.

Lo grande es que a pesar de la cuantiosa inversión las dudas sobre la transparencia constituyen una constante. No importa que el tribunal esté conformado por figuras de trayectoria intachable y de reputada solvencia. La desconfianza que planea sobre la JCE suele resultar de la impotencia para perseguir las trampas en que suelen incurrir los partidos para manipular los resultados. Ahora está sobre el tapete la práctica de la compra de votos, así como la sospecha con los equipos que se utilizarán en el sistema automatizado.

La crisis de confianza se explica porque en el pasado las entidades electorales operaron como trajes a la medida de ambiciones de poder y no de las buenas prácticas de la democracia. Además del hecho de que los procesos se han caracterizado más por el derroche de recursos para alcanzar el poder, incluido el deshonroso estímulo del transfuguismo, que por discursos.

La fragilidad del sistema institucional también gravita sobre la transformación de las elecciones de un festival de ilusiones en un mercado o en una suerte de subasta. En los últimos tiempos se ha utilizado mucho dinero para construir y remodelar locales, comprar equipos y contratar personal, pero no para garantizar que el voto, como en cualquier otra parte, sea la expresión de la voluntad y la conciencia.