Cristina Fernández
La tensión en Argentina crece en la medida que se aproxima el fallo de la justicia sobre los 12 años de prisión solicitado por la Fiscalía contra la vicepresidenta Cristina Fernández por un caso de corrupción.
Los parciales de la también expresidenta de la República están decididos a evitar por cualquier medio que ella, que resultó ilesa de un intento de asesinato, sea encarcelada.
Las grandes movilizaciones en repudio al frustrado atentado por el que se detuvo a un brasileño de 35 años de edad son también, sin que nadie se llame a engaño, un mensaje para el sistema judicial.
En una nación tan polarizada y plagada de conflictos económicos convendría bajar las tensiones y evitar estallidos sociales. Bajo presión la justicia no actúa con la libertad que requiere para tomar sus decisiones.
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Además de prisión la fiscalía solicitó la inhabilitación de Cristina, quien también ha sido senadora, para desempeñar cargos públicos.
El atentado frustrado ha sido rechazado por la oposición, que a la vez ha solicitado una exhaustiva investigación para aclarar el suceso. La crispación social, que la crisis económica ha elevado al borde del estallido, es la nota dominante en Argentina.
