Un comité de la ONU ha vuelto a reclamar que se detengan las deportaciones de haitianos ilegales frente a la inseguridad y la crisis de gobernabilidad que afectan a la vecina república.
Es bien claro que el mensaje del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, con sede en Ginebra, Suiza, está dirigido específicamente a este país, que es donde reside el mayor número de haitianos legales e ilegales.
La posición de la entidad no choca con el persistente reclamo del secretario general, Antonio Guterres, de que se desplieguen tropas internacionales para combatir a las pandillas que aterrorizan a Haití y fomentar la gobernabilidad.
Ante la petición hay que advertir a los comités de la ONU, Estados Unidos, Canadá y todas las entidades que compartan el criterio de que este país no está en capacidad, como ha reiterado el presidente Luis Abinader, de cargar con la solución a la crisis haitiana.
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Es doloroso y triste deportar a indocumentados que huyen de la inseguridad y la miseria en su país, pero las autoridades no tienen más opciones.
Cualquier salida a las precarias condiciones de vida de los haitianos los comités de la ONU y las potencias tienen que buscarla en el territorio vecino. O en sus propios países.
No solo las autoridades, sino el pueblo dominicano concuerdan en que la respuesta a la crisis no está aquí y en que Haití precisa de una fuerza foránea para imponer el orden. Lo demás es tirar piedras a la luna.