El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) sufrió un revés al fracasar el recurso para que el Tribunal Constitucional anule un artículo de la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que calificó de contrario a la Carta Magna.

El artículo impugnado por el CARD considera a los abogados como sujetos obligados no financieros por su alto riesgo de que en determinadas actividades y operaciones puedan ser utilizados para la comisión de los ilícitos penales tipificados y sancionados.

El Constitucional admitió la acción directa elevada por el presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, pero rechazó anular el artículo 33 de la Ley 155-17 de lavado de activos.

Aunque se fundamentó en que los abogados no pueden ser pasibles de sanciones penales, civiles y administrativas por hechos derivados de sus clientes, si la acción fue un globo de ensayo el CARD fracasó en el intento.

La alta corte consideró que el postulado no viola la Constitución, como adujo el gremio para solicitar su eliminación.

De un tiempo a esta parte el CARD ha protagonizado varias querellas y demandas por supuestas violaciones a su fuero.