La crisis peruana tras la destitución del presidente Pedro Castillo se ha tornado al rojo vivo, no solo por las crecientes movilizaciones a favor y en contra de la decisión, sino por la injerencia internacional.

México, Argentina, Colombia y Bolivia han condenado lo que definen de golpe de Estado a Castillo, a quien se ha impuesto 18 meses de prisión preventiva por su frustrado intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Por la intervención la presidenta Dina Boluarte llamó a consultas a los embajadores de Perú en esos países, en tanto se suceden las movilizaciones que en las últimas horas habían elevado a unos 20 el número de muertos.

Amplios sectores reclaman la restitución de Castillo y la disolución del Congreso, mientras otros piden que se adelanten las elecciones, pautadas para 2026.

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Las crecientes protestas, que han sumido a Perú en el caos, han llevado al Gobierno a declarar el estado de emergencia por 30 días. Para bajar las tensiones la presidenta solicitó adelantar las elecciones para diciembre de 2023.

La paradoja es que Castillo ha encontrado más respaldo tras su destitución que cuando ejercía el poder. Sus seguidores rechazan la gestión de la presidenta Boluarte, una antigua izquierdista, a quien acusan de traidora.

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La mandataria solo parece tener el apoyo de los antiguos funcionarios de Castillo que se opusieron al golpe que este intentó. Por ahora el desenlace de los conflictos internos y externos de Perú constituyen una incógnita.