Aunque el gobierno la define como “un crimen de Estado”, la figura de la evasión fiscal parece recibir trato con mano de seda, tanto por las autoridades, como en las discusiones en torno al proyecto de modernización tributaria, en las cuales la mayoría la equipara como pecado capital sin identificar remedio para su eliminación.

Desde hace muchos años afloran denuncias sobre prácticas desleales empresariales y de comercio consistentes en la comisión de fraude fiscal, que tiene lugar cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a la Administración Tributaria o cuando sobrevalora conceptos deducibles con el fin de reducir el pago de impuestos.

Lo último que se sabe es que la evasión al Impuesto a la Transferencias de Bienes Industrializados (Itebis) ronda el 43% y que el Impuesto sobre la Renta (ISR) se acerca al 60%, lo que en conjunto sobrepasa el déficit fiscal (3% del PIB), y el monto que se proyecta recaudar con el proyecto de reforma fiscal (1.5% del PIB).

El director de de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez Veras, no ha referido el nivel de reducción de evasión fiscal logrado en los últimos cuatro años, como tampoco lo destacó el incumbente anterior, Magín Díaz, aunque ambos reivindican haber logrado aumento en las recaudaciones, lo que pudo estar ligado al crecimiento de la economía.

Diversos economistas, y antiguos recaudadores desalientan que por vía de afrontar el fraude tributario, se logre un incremento significativo en los ingresos fiscales porque ese flagelo persiste por debilidades administrativas, desfase de la ley tributaria y falta de entrenamiento de los oficiales de la DGII.

Resulta contradictorio que se declare la evasión fiscal como “crimen de Estado”, que sería perseguido como tal por la administración tributaria, sin que se diga por qué no se combatió con debida fortaleza durante el cuatrienio anterior, por lo que no hay razón para dudar que de nuevo ese ilícito seguiría mangas por hombros.

Lo sensato sería que las autoridades fijen al menos una meta de reducción de la evasión, elusión y otras formas de ilícitos o privilegios fiscales, antes de pretender ampliar la base del Itebis, incrementar el gravamen inmobiliario o afectar a sectores productivos sobre los cuales se ancla la economía y la generación de empleos.

Las actividades productivas han sido dislocadas por competencias desleales empresariales y de comercio matizadas por elevada evasión fiscal, exenciones, exoneraciones y otras formas de gastos tributarios basado en privilegios o discrimen que deberían ser afrontados por el gobierno, si más cuentos de camino.