El presidente Luis Abinader dio seguridades de que esta misma semana sería aprobada la ley de extinción de dominio, que ya recibió un informe favorable de la comisión bicameral que la examinó, por lo que hoy sería sancionada en el Senado.
La bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclama que se incluya en ese estatuto la figura de la elusión fiscal como ámbito de persecución de bienes ilícitos y que sea declarada ley orgánica, lo que requeriría de mayoría calificada para ser aprobada.
Todo parece indicar que ese controversial proyecto se presentará ante los hemiciclos legislativos sin la figura de la elusión fiscal y como ley ordinaria, porque según el senador Pedro Catrain, titular de la comisión bicameral, “hay una voluntad política para aprobarla en ambas cámaras lo más pronto posible”.
Se percibe en la oposición el temor de que el Gobierno utilice esa ley como una herramienta política contra encartados en expedientes por corrupción, mientras del lado oficial se pretende evitar que la figura de la elusión fiscal sea usada en un futuro contra políticos y empresarios que poseen capitales en paraísos fiscales.
Aunque desde litorales políticos y empresariales se proclama favorabilidad a la aprobación de la ley de extinción de dominio, aflora la impresión de que en unos y otros se alientan amarras para que ese proyecto se congele en el Congreso o se accidente en los pasillos del Tribunal Constitucional.
El manifiesto disenso ante esa iniciativa legislativa demuestra que a causa de la prematura campaña electoral se han cerrado los portones de la concertación social y política, por lo que la sociedad dominicana ha quedado en medio del fuego cruzado de conveniencia partidaria o corporativa.
Una vez aprobada y promulgada esa ley corresponderá al Tribunal Constitucional determinar si su aprobación por vía ordinaria o la valoración en su texto de principios constitucionales como irretroactividad e imprescriptibilidad, colisionan con el Texto Sustantivo.
Un estatuto de tanta trascendencia no será fruto del consenso político, social y empresarial y su abrupta aprobación marcaría un eventual cierre del diálogo político, aunque prevalece la sospecha de que esa ley nunca ha sido del agrado de mansos ni de cimarrones.
