El PLD se ha cuidado hasta de insinuar retaliación política en la investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra exfuncionarios y dirigentes de ese partido por el supuesto desfalco de más de 17 mil millones en la expropiación de terrenos durante la gestión de Danilo Medina.

Tras desmarcarse de las acusaciones y reconocer la potestad del Ministerio Público para investigar cualquier escándalo, el PLD ha reclamado que en el caso que tiene al exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz como principal protagonista, que se respete el debido proceso.

Además de Guerrero la acusación incluye al exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita, y al exviceministro y director de Presupuesto, Luis Reyes Santos.

Utilizando como vocero a Lidio Cadet, exdirector de Ética Gubernamental, la organización aclaró que no se siente afectada porque algunos de sus miembros sean imputados.

El respeto al debido proceso es una norma que el Ministerio Público tendrá que tener muy en cuenta para garantizar que el proceso se mantenga dentro del marco de lo jurídico.

El más ligero desvío podría desacreditarlo, lo que repercutiría de manera negativa en la saludable batalla contra la corrupción y la impunidad. La posición expresada por el PLD sobre la vinculación de exfuncionarios y dirigentes con la supuesta trama es la que aconseja la prudencia en un caso tan engorroso.

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