El entramado de corrupción que investiga la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que alegadamente encabeza el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, utilizaba sociedades comerciales de carpeta, las cuales disolvían desde que lograban su objetivo delictivo y simulaban compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, según la solicitud hecha por el Ministerio Público, en la que se solicita a la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional ordenar al sistema financiero nacional entregar las documentaciones requeridas por el órgano acusador sobre el caso.

En vista de que el Ministerio Público informó que tiene casi concluida la investigación, se espera que en los próximos días se produzcan allanamientos y arrestos a los encartados en la investigación.

Esta mañana no se vio llegar a la Procuraduría General de la República a ninguna de las personas que son investigadas por el caso que involucra a 209 personas físicas y jurídicas.

El documento emitido por la Pepca refiere que Guerrero creó una estructura gubernamental para desfalcar al Estado con RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, con lo que se sustrajeron RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.

También con la “simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a contrato de cesión de créditos por más de 10,500 millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta.

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La jueza Kenya Romero ordenó a las superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop) proveer al director de la Pepca, Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos financieros, así como todas las informaciones tributarias.

En la autorización, la jueza fija como plazo de vigencia para ejecutar la orden judicial de 60 días a partir del 23 de agosto pasado y establece que incluye todas las informaciones que sobre estos existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de todo tipo de cuentas y productos, entre otros, relativas a pagos y exención de impuestos relacionadas con 209 personas físicas y jurídicas.

El Ministerio Público investiga al ex ministro de Hacienda Guerrero, por los tipos penales de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.

La investigación encarta a los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes, exmiembro del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del Banco de Reservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector general de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exmiembros de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios que eran subordinados al Ministerio de Hacienda.

También algunos empleados que presuntamente tuvieron participación en los hechos, tal es el caso de Hortensia Arelis Santiago, exanalista de deuda administrativa de Hacienda; Belkis Tejada Ramírez, exdirectora jurídica de la Bienes Nacionales, quien a la vez era responsable de registro y análisis; Rolando Méndez Morillo, agrimensor de Deuda Administrativa; Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, quien desempeñó funciones de agrimensor de Deuda Pública, siendo oficialmente el coordinador del Plan Nacional de Titulación de la Dirección de Bienes Nacionales, quien se desempeñaba como asesor de esa entidad, entre otros.

Según el órgano persecutor del crimen, el modus operandi funcionaba bajo instrucciones del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.

Expropiación de terrenos

Según la investigación, el entramado de corrupción para sustraer bienes públicos se produjo a través de la expropiación de terrenos del Estado. La Pepca establece que fue a través de tres libramientos entre abril y junio de 2020 que el Estado pagó 505 millones, 81 mil 440 pesos, dos de estos fueron realizados en una misma semana correspondientes a desembolsos por concepto de expropiación bajo modalidad de deuda pública soportado en el acuerdo transaccional del 06 de marzo de 2020.