Debilidad oficial

Un grupo de abogados y de entidades cívicas anunció acciones legales contra personas u organizaciones no gubernamentales que incurran en suplantaciones o falsificaciones de documentos de identidad, diligencia procesal que debiera estar a cargo de las autoridades por tratarse de una infracción de carácter criminal.

No marchan las cosas bien cuando en el seno de una sociedad que se reputa de organizada, los ciudadanos tengan que suplir la inanición del Ministerio Público o de instituciones públicas que la Constitución o la ley adjetiva coloca como custodia de un bien jurídico.

El Registro Civil ha sido vulnerado, violado por particulares, con patrocinio de entes corporativos, que obtienen documentos de identidad de manera irregular o por vía de la falsificación en franca y clara violación al Texto Sustantivo, al Código Penal y a la ley de Migración.
Es por eso que un grupo de juristas solicitará a la Junta Central Electoral (JCE) la documentación pertinente sobre actas de nacimiento y cédulas de identidad personal expedidas u obtenidas de manera irregular o fraudulenta, a los fines de denunciar ante el Ministerio Público, lo que debería interpretarse siempre como burda violación a la ley.

Los casos de falsificación o suplantación de identidades han llegado al extremo que pudo comprobarse que el testigo estelar presentado ante la Corte Interamericana de Derechos para probar que República Dominicana discrimina y deporta hacia Haití a propios nacionales poseía documentos falsos y que en realidad era un ciudadano haitiano.

Ese señor y sus patrocinadores presentaron en audiencia, acta de nacimiento falsa, cédula falsa, familia falsa, con el único propósito de que esa corte condenara al país por racista y por negar la nacionalidad a ciudadanos dominicanos.

Se conocen casos de sacerdotes católicos que han declarado como hijos suyos a decenas de extranjeros a los que se les provee de documentación ilegal basada en presiones de organizaciones no gubernamentales para cuyos ejecutivos la ley no tiene ninguna significación.

La JCE y la Dirección de Migración deberían cumplir con su obligación de someter a la justicia a cualquier ciudadano, nacional o extranjero, que incurra en violación o suplantación de documentos de identidad personal, injustificada inobservancia que un grupo de abogados anuncia que suplirá cabalmente.