Legisladores y funcionarios solían declarar lo que les daba la gana y cuando les parecía sobre su patrimonio y no había ningún problema. Esta vez solo se ha exigido que se cumpla con la ley y han asomado las protestas.

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña no tuvieron ningún inconveniente en cumplir con la ley 311-14, que establece el sistema nacional automatizado y uniformado de declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios y servidores públicos.

Sin embargo legisladores, que son los que aprueban las leyes y deben velar por su aplicación, han hablado de excesivo rigor y hasta de persecución por los requisitos que se contemplan.

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Al vencer el plazo el presidente Janel Ramírez y demás miembros de la Cámara de Cuentas no pueden intimidarse en la aplicación de la ley sobre la declaración de patrimonio.

Además del patrimonio de los legisladores entrantes, la Cámara de Cuentas tiene el desafío de examinar los bienes declarados por los salientes. No se pueden olvidar los escándalos del pasado por patrimonios que se consideraron exorbitantes. El organismo tiene una oportunidad para reivindicarse.