Santo Domingo.- El consejo de defensa del imputado Andrés Bautista declaró este miércoles que el Ministerio Público sigue dando palos a ciega en el caso Odebrecht, al presentar como testigo número 14 a Julián Rosario Rojas, de quien se evidenció que no tiene calidad como perito al comprobarse que en sus informes nunca indicó su exequátur y oficialmente se probó que no es miembro del Instituto Dominicano de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

Carlos Salcedo, abogado coordinador de la defensa de Andrés Bautista García, del cual forman parte también Jorge A. López Hilario y Thiaggo Marrero Peralta, califican esta acción como un grito de naufragio del Ministerio Público.

Al mismo tiempo, explicó que las juezas hicieron una correcta interpretación de la ley al excluir a Julián Rojas, en coherencia con la decisión de descartar el análisis que este testigo realizó, pues el propio Ministerio Público es quien fijó el objeto de las declaraciones al aportarlo para demostrar los hallazgos del análisis que preparó a requerimiento de la Pepca.

Al ser excluidos por el tribunal, es decir, que como señaló la defensa de Andrés Bautista: el testigo quedó sin objeto probatorio y, por tanto, excluible por no ser el órgano idóneo para informar sobre asuntos que el legislador le atribuye con exclusividad a la Cámara de Cuentas.

Salcedo afirmó que ese grito de desesperación no es para menos, pues el edificio de la acusación sigue derrumbándose, tal como lo anunció al país desde el inicio por las serias debilidades probatorias que tiene el caso de Odebrecht.

“El pobre manejo acomodaticio a los intereses políticos que hizo el entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, para favorecer a sus protegidos y perjudicar a quienes, como Andrés Bautista García venía realizando serias denuncias de corrupción de la anterior administración de gobierno están quedando al descubierto”, declaró Salcedo.

Para Salcedo es altamente preocupante que el titular interino de la Pepca, de una gestión comprometida con la institucionalidad democrática y el respeto de los valores y principios constitucionales, se preste a intimidar a juezas por no estar de acuerdo con la decisión.

“Indicar y repetir, tanto en estrados como ante los medios de comunicación, que las sentencias en su contra “huelen a impunidad” constituye un atentado directo al principio de independencia de los jueces, que al parecer solo es positivo cuando se reciben decisiones favorables”.

Dijo que la recusación hecha por el licenciado Wilson Camacho, director de la Pepca en contra de las juezas Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, no tiene validez por carecer de fundamento.