Defensa dice Procuraduría y MP usan fiscal SPM como chivo expiatorio



Santo Domingo. Uno de los abogados defensores de la fiscal suspendida, Margarita Hernández Morales, acusada de corrupción, asociación de malhechores y falsificación de documentos, declaró este lunes que su defendida está siendo usada como chivo expiatorio por el Ministerio Publico y la Procuraduría General de la República.

“El Ministerio Público lo que ha querido, a través del  procurador Jean Alain Rodríguez, es crear un show mediático con esto y ese show mediático es para sacar algunos temas de circulación nacional, para coger a la magistrada Hernández Morales como chivo expiatorio”, aseguró Danny Sánchez, abogado defensor.

Sánchez, durante una entrevista telefónica para el programa radial El Gobierno de la Tarde, transmitido por la Z101, aseveró que Hernández Morales, en su rol de encargada de la Unidad de Violencia de Género en San Pedro de Macorís, no realizó por cuenta propia los dos acuerdos que dejaron en libertad, en fechas separadas, a los asesinos de Anibel González y Juana Domínguez, respectivamente.

Según el abogado, la fiscal, como encargada de dicho departamento, no tenía facultad propia para tramitar los dos acuerdos sin que previamente se les informara a sus superiores, encargados de persecución, titulares municipales y provinciales.

En ese sentido, cuestionó que Hernández Morales esté acusada de asociación de malhechores y falsificación de documentos, en donde solo ella está siendo procesada sin que hayan más implicados.

Dijo además, que en este caso solo se quiere responsabilizar a su defendida pero que luego de que un acuerdo de reducción de pena se hace efectivo, las autoridades pertinentes deben brindar protección  a las víctimas, sin embargo, la Policía no cumple con esa responsabilidad.

También negó el hecho de que la magistrada haya recibido 150 mil pesos de parte de Johan Manuel Ramírez, asesino de Juana Domínguez, para gestionar el acuerdo que finalmente lo dejó en libertad. Sánchez asegura que el MP no tiene evidencias de ese pago.

Aseguró estar de acuerdo en que el MP y la PGR investiguen a fondo para saber las condiciones en que se dieron esos acuerdos, ya que su defendida informaba a las entidades correspondientes acerca de los avances de los acuerdos solicitados.