La defensa del empresario Eddy Santana Zorrilla, imputado en el caso del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, dijo hoy que esperará la resolución de la juez que le impuso ayer un mes de prisión preventiva, para determinar si apela la decisión.
El abogado Miguel Valerio explicó que comprobó en la audiencia que su cliente no tuvo ninguna participación en el asesinato de Ramírez Ferreras.
“Tenemos que esperar la decisión para determinar si la vamos a apelar o no”, precisó.
El jurista argumentó que el dinero que se le pagó a Ramírez Ferreras no es soborno, porque él no era funcionario público y que el dinero es de la cuenta del empresario Santana Zorrilla que sale y no del erario.
Sostiene que para que esté presente la figura del soborno el mismo tiene que ser a un funcionario público, y no a un particular.
“La jueza dijo ayer que ve poco probable la estafa contra el Estado”, añadió.
Santana Zorrilla es acusado de asociación de malhechores y presuntos actos de corrupción, mientras que la solicitud presentada en su contra fue de complicidad en el asesinado de Ramírez, pero esta última imputación fue declarada inadmisible.
La magistrada Leonarda Quezada envió a Santana Zorrilla a la cárcel de Monte Plata a cumplir un mes de prisión preventiva.
Valerio, aunque no está de acuerdo con la recisión en todas sus partes, ponderó el argumento de la jueza de que no vio por el momento elemento constitutivo de la estafa en contra del Estado.
El tribunal también determinó que no hay una participación del empresario en la muerte del catedrático, como le imputan los familiares de la víctima.
Mientras que Ramón Ramírez, hermano de Yuniol, dijo que hará todo lo posible para asegurar que el imputado sea incluido en el expediente donde figuran el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Antonio Rivas; José Mercado Blanco (El Grande), el coronel y financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, quienes cumplen un año de prisión preventiva.
Sigue prófugo Argenis Contreras González, asistente de Rivas y quien es acusado de ser el autor material principal del asesinato de abogado, que había denunciado actos de corrupción en la OMSA.
