De izquierda a derecha: Blanca Izaguirre, defensora del pueblo de Honduras; José Alfredo Corripio, el defensor del pueblo dominicano, Pablo Ulloa; Rafael P. Monegro, director del periódico El Día y Augusto Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio. /Jorge Gonzaléz
Por Ashley Medrano y Carolina Ceballos |
Santo Domingo.- El defensor del pueblo, Pablo Ulloa dijo este miércoles que el Estado debe garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos que viven en el país, sin importar si están de forma legal o ilegal.
Al ser cuestionado por periodistas sobre la situación que viven las parturientas haitianas en el país, Ulloa respondió que las situaciones de emergencia deben ser atendidas, ya que se “pone en peligro dos vidas, la mujer y el niño”.
“Existe una ley general de Migración en el artículo 121 que dice cuales son los criterios para la deportación, un tema es la ilegalidad, la irregularidad que pueda existir en un tránsito normal migratorio por falta de oportunidades que en tu país no existe, y otra cosa muy diferente es la labor de parto, que es un elemento de emergencia que tiene que ser atendido sea como sea, donde sea y por quien sea, porque implica una emergencia de vida y en este caso de dos vidas , la mujer y el niño”, acotó Ulloa.
Al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el titular de dicha institución, opinó que como rige el artículo 190 de la Constitución, a diferencia de otros escenarios, el defensor se basó en dos principios, que son la neutralidad y los elementos concretos.
En ese sentido, resaltó que se ha reunido con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y otras instituciones y que hasta el momento, ningunas le ha presentado pruebas concretas sobre las deportaciones a parturientas haitianas.
El defensor del pueblo dijo que se trasladó personalmente a hospitales ,como la Maternidad de la Altagracia, para percatarse de la situación, pero no encontró ninguna evidencia sobre dichas denuncias.
“En términos reales lo que yo he hecho es salir a buscar situaciones. Para mi hubiese sido muy fácil sentarme en un escritorio y ver pasar lo que digan, una declaración de un ministro o un director general”, ,señaló.
Ulloa anunció que defensores del pueblo, procuradores y comisionados públicos de derechos humanos de 20 países se reunirán en República Dominicana, del 24 al 26 de este mes, para discutir el impacto de la covid-19 en sus territorios.
Presidente de la FIO
De su lado, Augusto Jordán Rodas, presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, sostuvo que aunque desconoce la situación de Dominicana, como defensor del pueblo se debe garantizar los derechos humanos de cada ser humano.
Puntualizó que migrar es un derecho humano, no un delito y que las personas se ven en la obligación de salir de sus países por la falta de oportunidad.
“Nosotros los defensores, somos defensores de los Derechos Humanos de todos los habitantes del territorio independientemente de la nacionalidad que provienen”, dijo Rodas.
Blanca Izagurre
Mientras, Blanca Izagurre, defensora del pueblo de Honduras, expresó que están en la obligación de velar por los derechos humanos.
“Como instituciones de los derechos humanos debemos garantizar la dignidad del ser humano, facilitarle los servicios básicos, eso incluye a las mujeres embarazadas”, concluyó.
