La salud, la educación y la seguridad ciudadana son, según informe del Defensor del Pueblo, los derechos más vulnerados en República Dominicana. Con lo que se ve a diario en cada uno de esos renglones no hay que hacer mayores esfuerzos para respaldar la conclusión de la entidad.

Como tampoco para darse cuenta del factor político como principal responsable de las debilidades en los tres sectores. En el sector salud los hospitales podrán carecer de los equipos y medicamentos necesarios, pero uno de los principales factores en el mal servicio es el incumplimiento de los médicos. Pero, por miedo a confrontaciones, las autoridades toleran la indisciplina y hasta la mala práctica que perjudican a los pacientes.

En la enseñanza es más que sabido que el Ministerio de Educación ha sido hasta permisivo con las interrupciones de la docencia, sin importar que se atente contra un derecho, protagonizadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

En ambos casos, educación y salud, los gremios y las autoridades comparten la responsabilidad de las violaciones de los derechos de la población. En materia de seguridad ciudadana todavía no han desaparecido los abusos ni las ejecuciones de la Policía.

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