La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) calificó esta mañana de inconstitucional el contrato de fideicomiso aprobado por la Cámara de Diputados el pasado jueves, mediante el cual el Estado cede todos los bienes de las plantas termoeléctricas de Punta Catalina a la Fiduciaria del Banco de Reservas.

En un documento entregado al Senado de la República, la entidad que preside Trajano Potentini advierte que los fideicomisos fueron creados exclusivamente para el mercado hipotecario privado, no del sector público.

“En el primer artículo del contrato aparece el señor mMinistro de Energía Minas, Antonio Almonte Reynoso, representando a la Compañía Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), una entidad en proceso de eliminación, de forma ilegal, suprimida por un decreto del ejecutivo, en Violación a la Ley para la Supresión Personas Jurídicas de Derecho Público (Artículo 141, Constitución de la República; Artículo 54 de ley Orgánica de la Administración Pública, no. 247-12, disposiciones que establecen que una entidad de derecho público, como la CDEEE solo puede eliminarse en virtud de otra ley”, señala.

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Dijo que de acuerdo a lo aprobado por los diputados el contrato de Fideicomiso que manejará las plantas de Punta Catalina no someterá a Contrataciones Públicas, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República y ninguna otra institución de control.

“Otro aspecto a considerar, lo constituye el hecho de que el Fideicomiso es irrevocable, con un patrimonio privado, autónomo e independiente, en consecuencia, bajo un esquema enteramente privado, sin la responsabilidad de someterse a ninguna de las leyes estatales sobre transparencia, llámese Compra y Contrataciones Públicas, Acceso a la Información Pública, entre otras”. dice el documento de la FJT.