Aunque no prospere no deja de ser un cuestionamiento el sometimiento a la justicia de la Procuraduría General de la República y fiscales de la provincia Santo Domingo por un ciudadano que alega daños y perjuicios materiales y morales nada menos que del Ministerio Público.

Víctor Scharboy Almánzar ejerce su legítimo derecho al accionar para que se sancione a los responsables de los ocho meses que permaneció recluido en el penal de La Victoria, pero también para ser resarcido de los daños materiales y morales que sufrió con la prisión.

Por la inmunidad que ha blindado las acciones de las autoridades la gente por lo regular no suele interponer recursos en demanda de justicia.

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La acción de Scharboy Almánzar constituye también un llamado para revisar la conducta de fiscales tanto en la provincia de Santo Domingo como en el resto del país.

Como representantes de la sociedad los miembros del Ministerio Público tienen que regirse por el mandato de las leyes y de la justicia.

Si es verdad que permaneció ocho meses en prisión por un delito que no cometió se justifica su demanda de justicia.