Santiago. Abogados, notarios, alguaciles, empleados judiciales, comerciantes y políticos estarían asociados en por lo menos tres provincias del Cibao para despojar de propiedades a legítimos dueños de inmuebles así como estafar a entidades financieras.
Prestigiosos juristas de aquí que por el momento piden no divulgar sus nombres, señalan que el grupo en años recientes ha accionado en Santiago, Montecristi y La Vega, de manera fundamental en el despojo de terrenos con vocación agrícola e industrial.
Sobre esos hechos, abogados dieron seguridad de que se han producido y dijeron estar convencidos de que en el país es sumamente frágil el derecho sobre la propiedad inmobiliaria.
“Tal es así -agregaron- que basta con la puesta en práctica por alguaciles de notificaciones ficticias, para que desaparezca el derecho de propiedad de un legítimo adquiriente de buena fe”.
Al tiempo de asegurar que las piezas que sirven como pruebas fehacientes están ahí a la espera de un serio investigador, los denunciantes agregaron que los testigos no son de difícil localización y que muchos de ellos “se sienten burlados por sus amigos delincuentes, a los cuales sirvieron tontamente”.
Algunos de esos abogados han sido apoderados por personas que dicen han sido despojadas de sus propiedades.
Esos juristas se mostraron sorprendidos con las dificultades que tuvieron que vencer “para obtener documentos e informaciones con relación a los expedientes fraudulentos”.
“Esos documentos están celosamente blindados por empleados judiciales estrechamente vinculados con el grupo que se dedica a ejecutar acciones fraudulentas”, agregaron.
Aseguraron que, en razón de que dentro de las víctimas de los despojos inmobiliarios hay extranjeros, algunas embajadas acreditadas en el país tienen conocimiento de las situaciones que afectan a sus nacionales.
Entre los hechos más sonoros hay dos acontecidos en el municipio Guayubín, provincia de Montecristi, en terrenos propiedad de las familias Mets y Pérez Félix.
Los denunciantes señalaron que un abogado santiaguero “coincidencialmente” orientó a demandantes en ambos casos y les buscó otros colegas que siguieron los procesos en la justicia.
Aseguran que la manera operativa fue similar, de acuerdo a investigaciones realizadas a mediados del pasado año por una periodista y difundidas a través de su programa de televisión.
Dicen que de acuerdo a esa indagatoria periodística, el señor Julián José Pérez Féliz accidentalmente se enteró que no era propietario de unos predios donde funcionaba la grancera “Block y Agregados Nordestana Montecristi”, porque siete ficticios trabajadores (incluyendo cinco haitianos) entablaron una demanda por despido injustificado, logrando despojarlo de su propiedad “en base a notificaciones judiciales en direcciones erróneas, en el aire y de las que nunca nos enteramos”.
Dijo que la empresa comenzó a funcionar en Montecristi el 3 de octubre del 2014 “nueve meses después de que dos de los demandantes alegaron que trabajan allí”.
La Dirección General de Migración certificó en su momento que en sus archivos solo aparecía regularizado uno de los cinco haitianos y los otros son ilegales.
Los denunciantes aseguran que el caso de la familia Mets es similar porque dicen que una señora nativa de La Vega que desde hace años reside fuera del país, habría demandado por despido injustificado siendo beneficiada con la sentencia, “vendiendo” luego los predios por 170 mil pesos, cuando su precio real sobrepasaba los 15 millones de pesos.
Afirman que en el trabajo periodístico se demostró que ella absolutamente nada sabía del caso, que nunca trabajó en ese lugar, no entabló la demanda ni recibió el dinero por el que “vendió” el derecho de esos terrenos. Aceptó someterse a una prueba y la experticia arrojó que su firma fue falsificada varias veces.
