Con el propósito de endurecer aun más la lucha contra la migración ilegal a la República Dominicana, la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santiago, Mirna López, sometió un proyecto de ley, mediante el que la Dirección de Migración podría realizar la deportación de embarazadas ilegales siempre y cuando sus condiciones de salud sean estables.
La iniciativa depositada el pasado miércoles por la legisladora establece el control migratorio en hospitales públicos y las deportaciones de personas en situación migratoria irregular.
El proyecto se suma a las 15 medidas dadas a conocer por el presidente Luís Abinader para enfrentar la migración irregular haitiana y al proyecto de modificación de la Ley 137-03 sobre Trata de Personas que contempla hasta 40 años de cárcel para los involucrados en tráfico de personas.
La propuesta de López modifica artículos de la Ley 285-04 General de Migración; Ley 42-01 General de Salud; Ley 123-15 Orgánica del Servicio Nacional de Salud; y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
El proyecto modifica el artículo 10 de la Ley 137-03, sobre Trata de Personas para que en lo adelante “las extranjeras en situación migratoria irregular no sean considerados automáticamente como víctimas de trata por el solo hecho de encontrarse embarazadas o enfermas, salvo indicios fundados de coacción, explotación o tráfico ilícito”.
Dice el artículo 4 de la iniciativa que se modifican los artículos 15 y 124 de la Ley General de Migración No. 285-04, agregando el siguiente párrafo, “No serán admitidos en el territorio nacional los extranjeros comprendidos en algunos de los siguientes impedimentos, estar embarazada o en condición de gestación en tercer trimestre”.
Señala que la Dirección General de Migración podrá ejecutar procesos de deportación de personas extranjeras en situación migratoria irregular, incluyendo pacientes o mujeres embarazadas, siempre que se haya garantizado su estabilización médica y que no existan razones humanitarias excepcionales ni indicios de trata de personas.
López también propone cambios en el artículo 2 de la Ley 42-01, para ponderar que aunque toda persona tenga derecho a recibir atención médica en situaciones de emergencia, de conformidad con lo establecido en esta ley, este principio no implique obligación del Estado de garantizar “la permanencia migratoria ni cobertura plena a personas extranjeras en situación migratoria irregular, una vez estabilizada su condición de salud.”
En uno de los considerados, destaca que la creciente presión migratoria irregular ha impactado de manera significativa el sistema de salud pública del país, comprometiendo los recursos asignados a los dominicanos.
