Descargan exdirector del Indrhi acusado malversación

Héctor Rodríguez Pimentel
Héctor Rodríguez Pimentel


El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Héctor Rodríguez Pimentel, y otras seis personas, a quienes el Ministerio Público acusa de malversar mil 500 millones de pesos y más de 56 mil dólares.

El Tribunal determinó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público fueron insuficientes para la emisión de una sentencia condenatoria.

Estableció, además, que tal y como probaron los abogados Manuela Ramírez y Carlos Moreno Abréu, defensores de Pimentel, no hubo violación a la ley 34006, sobre contrataciones públicas, en la ejecución de los contratos que se hicieron durante el período de las tormentas Olga y Noel.

El Ministerio Público alega que dichos contratos fueron realizados por Pimentel en violación a la citada ley, pero sin embargo, el tribunal determinó que estaban avalados por un decreto presidencial que se hizo durante un período de declaratoria de emergencia nacional.

Los jueces también establecieron que el peritaje que hizo al respecto la Cámara de Cuentas no fue completo y que solo abarcó un año y que no se hizo constar el período en que ocurrieron dichas tormentas.

En específico, el Ministerio Público lo acusaba de malversar mil 500 millones de pesos y 56 mil 479 dólares con 38 centavos.
Junto a Rodríguez Pimentel fueron descargados Príamo Méndez Cuesta, Manuel de la Cruz Martínez, Fior Daliza del Carmen Ares Salazar, Víctor Hugo Batista Linares y Teodoro Ruiz.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) le atribuye a Rodríguez Pimentel y a los demás imputados la violación de los artículos 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 177,178, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que sancionan la prevaricación, desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y estafa.

De igual manera se le imputa por la violación del artículo 146 de la Constitución dominicana y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado.