El secretario de Trabajo de Estados Unidos, Thomas Pérez, quien es hijo de padres dominicanos, ha emitido un informe crítico en el que se destaca las preocupaciones de Washington por lo que se define como falla e incapacidad del Gobierno dominicano para afrontar el creciente trabajo infantil en el sector azucarero.

A más de la áacida crítica sobre permisibilidad o incompetencia de sus autoridades para impedir el uso de menores en faenas agrícolas o industriales, República Dominicana enfrenta una consistente campaña internacional que la presenta como nación donde se practica discriminación contra inmigrantes haitianos.

El informe del secretario Pérez, que destaca que se constataron evidencias de aparentes y potenciales violaciones a leyes laborales dentro del sector azucarero dominicano, se basa en denuncias presentadas por el sacerdote católico Christopher Hartley, el mismo que difunde por todo el mundo una campaña en la que presenta al dominicano como un Estado apartheid.

Esta vez, Hartley, a quien organizaciones estadounidenses y europeas le proveen financiamiento, denunció ante el Departamento de Estado que el Gobierno dominicano no ha cumplido con las leyes laborales en la forma requerida por el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con República Dominicana (DR-Cafta), gestión que contó con respaldo y aliento de entidades nacionales de la mentada sociedad civil.

No hace falta repetir que Estados Unidos carece de jurisdicción para involucrarse de manera directa en asuntos del fuero soberano de República Dominicana, aunque el tema sea de naturaleza tan sensible y supranacional como el trabajo infantil o el discrimen por razones étnico. El derecho internacional asigna funciones de denuncia o monitoreo a instituciones multilaterales y no a un país en particular, por muy poderoso que sea.

La embajada dominicana en Washington tiene la tarea de proveer al imperio de toda la documentación referida a los programas que ejecuta el Ggobierno dominicano para afrontar el drama del trabajo infantil, incluido el relanzamiento de la educación y de la escuela con tanda extendida.

Aun así, se destaca el aspecto colaboracionista contenido en el documento del secretario Pérez, quien anunció que Estados Unidos donará diez millones de dólares para ayudar a consolidar las políticas dominicanas contra el empleo ilegal de menores en todos los ámbitos laborales, lo que hace pensar que el padre Hartley fue por lana y salió trasquilado.

El Gobierno y la Cancillería deberían ya despertar de su letargo y entender que el gentilicio dominicano está de nuevo en los primeros planos de intereses de grandes metrópolis que procuran por vía del descrédito y la infamia lacerar el irrenunciable principio de soberanía nacional.