El dato de que solo en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia se registraron el año pasado más de cinco mil partos en adolescentes, incluido 209 niñas embarazadas en edades de 11 a 14 años, debería alarmar a autoridades y sociedad.

Es de suponer que esa cifra al menos se duplica si se ausculta en las estadísticas de los demás hospitales públicos de maternidad, donde se producen miles de partos de alto riesgo, la mayoría entre jóvenes de 15 a 17 años.

Si alguien todavía no se lleva las manos a la cabeza con la anterior revelación, entonces hay que señalar que el hospital de maternidad del Distrito Nacional registró el año pasado 2,733 partos de menores embarazadas por primera vez, pero el total de adolescentes con más de un alumbramiento fue de siete mil 625.

¿Cómo explicar que dos niñas de 10 y 11 años estén recluidas en el hospital Juan Pablo Pina con embarazos de alto riesgo, sin el pesar de que esos casos dramáticos no han convulsionado a la sociedad?

Duele decirlo, pero todas las maternidades reciben a diario niñas y adolescentes convertidas en madres prematuras, muchas de las cuales mueren o perecen sus criaturas en tan inusuales partos.

Estado y Gobierno carecen de políticas efectivas de protección a los menores y mucho menos de educación respecto al sexo prematuro, pero lo que es peor, el Ministerio Público no parece cumplir con su rol de protector y custodia de niños, niñas y adolescentes.

El drama del elevado número de niñas violadas o embarazadas se agrava a causa de los altos índices de defunción familiar o paternidad irresponsable, lo que causa deserción escolar o expone a niños y niñas al peligro de agresión sexual.

De nuevo se reclama al Gobierno, Congreso, Ministerio Público, Justicia y sociedad que no sean indiferentes ante la desgracia y tragedia que significa que el 25 por ciento de los partos en maternidades públicas corresponden a menores y que más de la mitad de las madres prematuras vuelven a embarazarse antes de cumplir la mayoría de edad.