Santo Domingo. – La Fundación LASO, a través de su Consejo de Defensa de los Animales, informó que el ciudadano Marino Castro, acusado de envenenar varios perros en la urbanización Máximo Gómez, en Villa Mella, se encuentra detenido desde el pasado miércoles y que este lunes le fue conocida la medida de coerción ante el Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo, Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este (SDE).
El tribunal impuso como medida presentación periódica, sin que esto implique, bajo ninguna circunstancia, la conclusión del proceso judicial. La Fundación LASO aclaró que la imposición de una medida de coerción constituye solo una etapa inicial del proceso penal, y que el caso continuará su curso conforme a los mecanismos establecidos por la justicia dominicana.
Arrepentimiento no detiene el proceso
Durante la audiencia, el imputado manifestó arrepentimiento y pidió perdón a los familiares y comunitarios afectados por la muerte de los perros. No obstante, la Fundación LASO enfatizó que las declaraciones personales del acusado no detienen ni sustituyen la acción penal, y que los hechos deberán ser conocidos en profundidad por un tribunal de fondo.
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Representación legal
El proceso legal es encabezado por el bufete Ariza & Asociados, miembro del Consejo de Defensa de los Animales de Fundación LASO, y es llevado directamente por el abogado José Ariza Jr., quien ha dado seguimiento al expediente desde su inicio y estuvo presente en la audiencia celebrada este lunes.
La Fundación LASO informó que el próximo paso procesal será solicitar formalmente la apertura de juicio de fondo, con el objetivo de que el caso sea debidamente ventilado, se valoren todas las pruebas y se establezcan responsabilidades conforme a la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable.
Un caso documentado con pruebas audiovisuales
Como se informó previamente, el hecho ocurrió la mañana del martes 11 de noviembre, cuando cámaras de seguridad captaron al acusado arrojando comida mezclada con veneno frente a una residencia ubicada en la calle Bernabé Boza, casa número 13A, donde se encontraban perros comunitarios alimentados solidariamente por vecinos del sector.
Las imágenes muestran cómo los animales consumen la sustancia tóxica y mueren minutos después entre convulsiones, en un hecho que generó indignación nacional y profundo dolor en la comunidad. El expediente cuenta con evidencias audiovisuales, testimonios, fotografías e informes veterinarios, ya depositados ante el Ministerio Público.
La justicia debe llegar hasta el final
La Fundación LASO reiteró que este tipo de acciones no solo constituyen crueldad animal, sino que representan un peligro para la seguridad pública, al implicar el uso de sustancias venenosas en espacios comunitarios donde transitan niños, adultos mayores y otros animales.
“Valoramos que las autoridades hayan actuado y que el imputado esté sometido al proceso, pero es importante que la sociedad entienda que una medida de coerción no significa que el caso terminó. La justicia debe llegar hasta el final, y así lo vamos a procurar”, expresó la entidad.
La Fundación LASO reafirmó su compromiso de dar seguimiento continuo al proceso, acompañar a las familias afectadas y sentar un precedente claro contra la crueldad animal, haciendo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia y a no guardar silencio ante hechos que atentan contra la vida y la convivencia.
“Cada vida cuenta. Y cada acto de crueldad debe tener consecuencias. Solo así construiremos una sociedad más justa, empática y respetuosa”, concluyó la organización.
