La defensa técnica del mayor general Adán Cáceres Silvestre solicitó hoy a la Procuraduría General de la República suspender en sus funciones a la coordinadora del Nuevo Modelo Penitenciario, Hilda Patricia Lagombra Polanco e imponerle medidas disciplinarias, debido a alegadas violaciones al derecho de defensa de su defendido.

“No es posible que en la cárcel no se permita a los abogados reunirse con su cliente en intimidad a los fines de coordinar la defensa, porque o nos colocan un guardia al lado todo el tiempo, nos filman o no nos dejan entrar con los utensilios de trabajo”, se quejó el coordinador de la defensa de Adán Cáceres, Francisco Álvarez.

Los abogados Francisco Álvarez, Cristian Ramírez y Romer Jiménez afirmaron que se les ha hecho casi imposible reunirse con su defendido, debido a las trabas en la prisión, violentando el debido proceso.

“Han sido suprimidos los derechos fundamentales de nuestro representado, es decir de la forma más aberrante posible, físicamente, mentalmente y materialmente ha sido eliminado el derecho de defensa del señor Adán Cáceres y la Procuraduría lo saber”, sostuvo la defensa técnica del principal imputado del caso Coral.

Calificaron de insólito que el 19 de julio tenían una cita a las 3.00 de la tarde, firmada y autorizada por la Coordinadora del Nuevo Modelo Penitenciario, para ver a Adán Cáceres y que luego de esperar más de una hora, “como otras veces”, en pleno sol, les informaron que no se podía realizar.

Mediante una instancia dirigida a la procuradora Miriam Germán Brito, demandaron aplicar sanciones disciplinarias contra los ejecutores del Estado dedicados a impedir el ejercicio del derecho de defensa del imputado y que se proceda a someterlos por ante el tribunal correspondiente.

Demandaron la suspensión inmediata de las prácticas ilegales y las condiciones de indefensión ejecutadas en contra de Adán Cáceres, por parte de las autoridades del Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Hombres, y miembros de la Procuraduría General de la República.

Afirmaron que mientras los esbirros del Estado vacunados contra los efectos de la ley por la Procuraduría General de la República, permanezcan vigentes e impunes sobre sus hechos y si no es posible actuar en su contra, el Estado dominicano debe dejar detrás la campaña promovida bajo el título de persecución contra la corrupción.

Aseguraron que “no será exitosa la lucha contra ese mal, cuando la peor de todas las corrupciones se comete desde sus más elevados órganos, con la aprobación y complicidad de los promotores de esta falsa cruzada de legalidad y honestidad”.