Un país que alberga once millones de habitantes, aun si fuera la nación con mayor nivel de seguridad del mundo, no debería disponer de tan solo diez agentes policiales para precisar el paradero de personas desaparecidas, como es el caso de República Dominicana donde desde 2017 se reportaron cientos de desapariciones.
El diputado Orlando Jorge Villegas (PRM-DN) reveló que el Ministerio Público aún investiga 139 casos de secuestros perpetrados desde el 2014 al 2021, clara señal de que no hay personal suficiente o falta motivación para concluir con esas pesquisas.
El año pasado se reportaron 160 casos de desapariciones, lo que ha debido ser una tarea ciclópea para los diez agentes que integran el departamento a cargo de localizarlos, por lo que el ministro de Interior, Jesús Vásquez, ha instruido a la Policía esclarecer esos casos y los de otra veintena reportada durante este año.
No resulta posible que esas personas, denunciadas como desaparecidas, hayan sido engullidas por la tierra, aunque se admite que resulta muy difícil para una decena de agentes ubicar su paradero aun en situaciones de homicidio o suicidio.
El escenario de posible secuestro resulta mucho peor, más aun con las estadísticas que el legislador Jorge Villegas atribuye al Ministerio Público, de que aún no se concluyen investigaciones sobre 139 casos de secuestros ocurridos durante siete años.
Al alto nivel de inseguridad ciudadana se agregan denuncias sobre desapariciones y secuestros que fiscales ni policías han logrado resolver, pese a la insistencia de familiares de los extraviados, lo que puede atribuirse a la falta del protocolo de respuesta que las autoridades deben ofrecer para ayudar a las personas en situación de desaparición.
Entre los casos recientes de ciudadanos extraviados se mencionan los de Jesús Cuevas, de 30 años; Alexander Sang, de 18; Roberto Mentor, de 74, y Marino Agramonte, de 20, así como la menor Cruz Snaiderlin Dadus Poche (Yeilín), de 17 años.
Se requiere que la procuradora general instruya a las fiscalías de todo el país a investigar con diligencia y rigor las denuncias sobre desapariciones o secuestros de personas y que la Policía amplíe en personal, equipos y logística el departamento de desaparecidos, porque en ningún caso sería válida la excusa de que a esa gente se la tragó la tierra.
