El Gobierno dominicano ha hecho bien al anunciar su decisión de no acudir a una nueva reunión de conversaciones con Haití que se efectuaría el sábado en Venezuela, por entender que su contraparte violó el acuerdo firmado días atrás que priorizaba el diálogo en torno a la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que fija el alcance de la nacionalidad dominicana.

Ha sido también correcta la disposición de la Cancillería de llamar a su embajador en Puerto Príncipe, doctor Rubén Silié, así como convocar al embajador haitiano en Santo Domingo, Fritz Cineas, para expresarle el disgusto de las autoridades dominicanas ante la actitud asumida por el Gobierno de Haití.

Resulta que el presidente de Haití, Michel Martelly, junto a los primeros ministros de Trinidad y Tobago, Kanla Persad Bissessar, y de San Vicente, Ralph González, fueron quienes gestionaron la suspensión del conocimiento del pedido de ingreso de República Dominicana a la Comunidad del Caribe (Caricom).

La actitud del Gobierno haitiano, de emplear su liderazgo diplomático en perjuicio de su vecino, invalida de manera absoluta el acuerdo firmado entre ambos países, mediante el cual Haití se comprometió a privilegiar el diálogo con República Dominicana en todo lo relacionado con la aplicación de la referida sentencia.

En ese polémico acuerdo, endosado por el ministro de la Presidencia, licenciado Gustavo Montalvo, y el canciller haitiano, Pierre Richard Casimir, se llegó a extremo tal de indulgencia que virtualmente se transfirió a ese gobierno el tutelaje en la aplicación de esa sentencia.

A pesar de eso, la Cancillería haitiana prosiguió con su ofensiva en procura de que República Dominicana sufra condena y aislamiento diplomático, político y económico, tal como lo adelantó la primera ministra de Trinidad y Tobago, al decir que la suspensión de un pedido de ingreso al Caricom formulado hace 33 años, era apenas el inicio de una flagelación mayor contra el gentilicio nacional.

El presidente Danilo Medina ha terminado por convencerse de la absoluta ausencia de vocación dialogante por parte del Gobierno del presidente Martelly, cuyo objetivo político esencial parece ser distraer la atención de la sociedad haitiana, agobiada por el agravamiento de su crisis económica, política institucional y social.

Por todo lo antes expuesto y por decenas de razones adicionales, se define como correcta la decisión del Gobierno dominicano de ausentarse de esa comedia de diálogo y centrar su atención en la defensa de la soberanía nacional y de los irrenunciables derechos de instituir políticas de control migratorio así como de definir el alcance jurídico de su nacionalidad.