Cuál ha sido el motivo para que una década después de instalado el Tribunal Constitucional (TC) no hayamos podido compatibilizar el ordenamiento jurídico adjetivo con la Constitución?

En su discurso de rendición de cuentas, el presidente del TC, Milton Ray Guevara, sostuvo que pese a que esa alta corte “ha venido fortaleciendo y transformando la Constitución en cultura ciudadana”, ha sido imposible que se aprueben en el Congreso las leyes complementarias a la Carta Sustantiva.

“En estos diez años, el órgano jurisdiccional ha emitido 5668 sentencias relacionadas con temas que impactan de manera directa en la vida de los ciudadanos”, dijo.

Entre las normas cuya aprobación urge el presidente del TC está la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, un viejo resabio de años superados que no responde a la realidad del mundo de las redes sociales.

Si tuviéramos que valorar la labor del TC en materia de tutela de derechos fundamentales, la libertad de expresión se erige como el derecho en el que se ha modulado mejor la interpretación de la parte dogmática de la Constitución.

Sentencias como las TC/0075/16, TC/0200/13, TC/0437/16, TC/0348/19 y TC/0092/19 son ejemplos fehacientes de la labor realizada por el Constitucional.

¿Qué ha impedido, entonces, que esa labor como legislador negativo del TC haya sido complementada por el Congreso?

He aquí dos razones: i) la escasa conciencia de la clase política sobre el significado del salto cualitativo al Estado Social que se dio en el año 2010; ii) un silente, pero sostenido proceso de regresión constitucional que se produjo a partir del 2012.

Si el TC ha hecho su trabajo expulsando del ordenamiento jurídico aquellas normas que contravienen la Constitución, es a los poderes Ejecutivo y Legislativo que corresponde evitar un vacío e impulsar las iniciativas de aprobación de normas para concluir la obra del intérprete de la Constitución.

Sobre el proceso de regresión constitucional, es un hecho que las mejores energías de la nación se disiparon en el pasado reciente en el fallido intento de una segunda reelección del gobernante saliente y en pervertir el orden jurídico para ponerlo al servicio de ese despropósito.

Leyes como las de Partidos Políticos y de Régimen Electoral fueron las canteras en que germinaron esos afanes continuistas.

Ni siquiera las advertencias de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, mejor conocida como Comisión de Venecia, y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), detuvieron ese proceso involutivo.

Ahora, el presidente Luis Abinader tiene una oportunidad histórica de recoger los platos rotos de ese perturbador tiempo perdido que casi hizo zozobrar nuestra frágil democracia.