Aunque incomode a ciertos sectores que levantan la frágil excusa de que hablar del tema “daña al turismo”, es urgente reconocer una verdad incómoda: la inmigración haitiana ilegal en República Dominicana no solo responde a la profunda crisis humanitaria y económica que atraviesa Haití, sino también a intereses muy concretos dentro de nuestro propio país.
Detrás de esta migración irregular hay actores locales que no solo la permiten, sino que la fomentan activamente.
Empresarios del turismo, la agricultura y la construcción han sido piezas clave en este proceso. Han encontrado en la mano de obra haitiana una fuerza laboral abundante, barata y, sobre todo, vulnerable. Para ellos, se trata de menos costos, más ganancias.
En campos agrícolas, la zafra y la cosecha de productos como la caña, el café y otros rubros, dependen en buena medida del trabajo de jornaleros haitianos sin documentación.
En la construcción, es habitual ver cuadrillas completas de trabajadores haitianos levantando edificios sin contratos formales ni acceso a la seguridad social.
En el sector turístico, miles trabajan en labores de limpieza y mantenimiento por salarios de subsistencia.
Esta situación ha generado una dependencia estructural de la economía dominicana respecto a la inmigración ilegal que, paradójicamente, convive con un discurso oficial que clama por el control de las fronteras y la aplicación estricta de la ley migratoria.
¿Cómo puede el Estado regular eficazmente el flujo migratorio si importantes sectores económicos, con poder político y mediático, están interesados en mantener el sistema tal como está?
La respuesta a esta pregunta incomoda, porque expone la hipocresía de una élite que, mientras se rasga las vestiduras por la “soberanía nacional” o el “orden migratorio”, construye su riqueza sobre la informalidad, la explotación y la desprotección de miles de trabajadores haitianos.