El censo de población y vivienda, que se inició con tantas expectativas, ha dejado mucho que desear. Además de las quejas de las viviendas que no han sido censadas pone la tapa al pomo el escándalo que ha surgido con la licitación de las tabletas.
La relevancia del estudio demográfico está fuera de discusión. Lo que ahora está sobre la mesa son las deficiencias que se verificaron en la logística.
Han llovido denuncias de viviendas que no fueron censadas, pero que se les colocó la etiqueta de que lo fueron. Es verdad que todavía quedan cuatro demarcaciones para completar el proceso, pero el ejercicio ha dejado muchas suspicacias sobre los resultados.
Tal parece que el precenso o la planificación de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para la ejecución del estudio, en el que se insistió en que se habían contemplado todos los pormenores, se quedó solo en el plano de la teoría.
Para complicar más el proceso han surgido denuncias sobre supuestas irregularidades en la licitación de las tabletas utilizadas por los empadronadores.
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Hay muchas interrogantes sobre los más de 4 mil millones de pesos que se destinaron para un estudio que se estima no ha cumplido su cometido.
