No debería convertirse en costumbre que tantos sucesos de muertes a manos de agentes policiales en mentados intercambios de disparos queden sin ser investigados, como si las justificaciones que se esgrimen en cada uno de esos casos deberían ser siempre recibidos como palabras divinas.

Cerca de 20 personas han muerto durante este año en alegados enfrentamientos a balazos con miembros del cuerpo del orden, en la mayoría de los cuales familiares y testigos han puesto en duda las versiones policiales.

La más reciente víctima de tales intercambios de disparos ha sido Rainyer Ferreira, de 21 años, sin antecedentes penales, quien sufrió una herida de bala en el pecho, cuando se desplazaba en una motocicleta por una calle del barrio Pekín, de Santiago.

Un informe de la Policía señala que Ferreira Ureña desobedeció una orden de detenerse y que disparó contra los agentes actuantes con un arma de fabricación casera, tipo chilena, una versión que no parece encajar con el sentido común.

Ese joven se desplazaba en compañía de un menor de 17 años, por lo que no se entiende cómo pudo disparar un arma rudimentaria y al mismo tiempo desobedecer la orden de alto que le reclamó la patrulla, y que además sufrió el impacto de una herida de bala en el pecho, por lo que no pudo huir con el frente hacia sus matadores.

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Durante las primeras cinco semanas de este año, unos 15 jóvenes fueron abatidos por agentes de la Policía en supuestos intercambios de disparos, ninguno de los cuales ha tenido mérito para ser objeto de investigación por parte del Ministerio Publico. Los decesos por esa causa se acercan ya a las dos decenas.

Aun en el supuesto de que a la Policía le asiste razón al afirmar que esas muertes se produjeron durante enfrentamientos a balazos con alegados delincuentes, debe prevalecer algún protocolo de investigación, siquiera sea por el Departamento de Asuntos Internos de la institución, con la participación de fiscales.