Editorial

El ejemplo boricua

El ejemplo boricua

República Dominicana fue reintegrada por Estados Unidos a la lista de países elegibles para la visa de trabajo H 2-B a solicitud de Puerto Rico que requiere de mano de obra extranjera para afrontar daños en la isla causados por los huracanes Irma y María, vía migratoria que aquí debería emplearse con respecto a Haití.

Ese visado especial, vigente a partir de enero de 2022, también para el territorio continental estadounidense, permitirá la contratación de miles de trabajadores dominicanos para laborar en la construcción con fondos federales de puentes, carreteras y otras obras de infraestructura en Borinquen.

El mercado laboral dominicano se caracteriza por un dilatado desorden y violación a la ley en la contratación de trabajadores extranjeros, especialmente haitianos en los sectores agrícola, construcción, comercio y servicios, matizado por la violación a la ley 285-94 que rige los flujos migratorios.

Conforme a la ley, el 80% de la mano de obra contratada debería corresponder a mano de obra dominicana, lo que no se cumple casi en ninguna parte dado que empleadores se aprovechan de bajos salarios y de incumplimientos de obligaciones relacionadas con la Seguridad Social.

Muchas veces se alega que áreas como construcción, agropecuaria, minería e industria azucarera requieren de contrataciones masivas de trabajadores haitianos, pero en ningún caso se cumple con los requerimientos legales relacionados con visado de trabajo y retorno a su país una vez concluido el contrato laboral.

La Comisionada Residente de Puerto Rico solicitó que República Dominicana fuera incluida en la lista de ese visado especial porque millones de dólares en fondos federales no han sido desembolsados por falta de trabajadores, no para sacar provecho de mano de obra barata o sobreexplotada.

A lo que se aspira es a que todos los trabajadores extranjeros estén dotados del visado de trabajo correspondiente con fecha cierta de expiración, que la proporción contratada y demás formalidades laborales estén ajustadas a la ley, sin importar el sector de la producción o servicio que requieran esas contrataciones.

A partir del ejemplo de Puerto Rico, las autoridades están compelidas a afrontar el desorden prevaleciente en el mercado laboral dominicano, donde en detrimento de la mano de obra local, empleadores contratan y sobreexplotan a indocumentados, que luego de convierten en carga social para el Estado.

El Nacional

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