Aun sin resolverse la increíble historia de un municipio que lleva casi tres meses sin alcalde porque el día antes de asumir su segundo mandato, el presidente Luis Abinader designó a Kelvin Cruz como ministro de Deportes pese a que había resultado electo alcalde de La Vega en las elecciones municipales de febrero.

Lo que ha devenido en un enredo jurídico que empeoró con la dimisión de la vicealcaldesa Amparo Custodio, quien declinó asumir la posición del renunciante alcalde, electo junto a ella con más del 70 % de los votos emitidos, a sabiendas de que el cargo para el cual se postuló conlleva la posibilidad de reemplazarlo.

Una comisión del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) designó al diputado Agustín Burgos para sustituir al hoy ministro de Deportes, como si esa organización tuviera poder o potestad para sustituir un funcionario electo en el orden municipal por otro elegido por los electores como legislador.
Lo que se ha formado es un rompecabezas al que le faltan o le sobran piezas, porque ahora se afirma que la renunciante vicealcaldesa retiró su dimisión que había sido aceptada por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de La Vega, cuya mayoría de regidores volvió a nombrarla como titular del cabildo.

La oposición política ha advertido que recurrirá ante la justicia si la vicealcaldesa Custodio es posesionada en el cargo al cual renunció por alegadas presiones de quienes esta vez aceptaron su reintegro al cargo que obtuvo en los comicios municipales para sustituir a un alcalde reelecto que no asumió el cargo.
El presidente Abinader no debió nombrar al alcalde de La Vega como ministro de Deportes, porque no se trataba de una emergencia de Estado ni con ello se evitaba el fin del mundo, más aún porque Cruz fue electo de manera abrumadora por los munícipes veganos.

Tan complicado ha sido el problema creado que una asambleísta del PRM propuso insertar su solución nada menos que en un artículo transitorio en la Constitución de la República, mientras los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación (PLD) exigen celebrar nuevas elecciones en el municipio de La Vega.

Ante el vacío jurídico que dificulta una solución legal y legítima a una crisis cantinflesca, lo sensato sería que Gobierno, Congreso y liderazgo político resuelvan la prolongada crisis por vía de una fórmula que al menos haga honor al sentido común, que muy bien podría ser el retornar a su lugar de origen al alcalde electo.